Fundamentos:
En el marco de la tarea de investigación, análisis y elaboración de anteproyectos
que se viene realizando desde la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa se
propone la derogación de distintos decretos-leyes, los cuales tienen un simbolismo tal
que consideramos merecen y/o pueden ser abordados y derogados en esta próxima
sesión especial, establecida en la Ley 12.654.
Dicha ley, en su artículo 1, establece que "A partir del 24 de marzo de 2001,
fecha del XXV aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en los años
sucesivos, en conmemoración el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires se reunirán en Sesiones Especiales en un acto solemne de reafirmación
de la democracia y los derechos humanos y de repudio al terrorismo de estado y de toda
forma de discriminación desfavorable por cualquier motivo”.
Con ese mandato como premisa, es que desde la Unidad de Reparación
Histórica Legislativa se propone la derogación de los siguientes decretos-leyes, a saber:
Decreto-Ley 7.999/1973: DERECHO DE REUNIÓN EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (REUNIONES PÚBLICAS).
Este decreto-ley establece normas para el ejercicio del derecho de reunión. En
su segundo artículo dice que "está prohibida toda reunión que signifique una amenaza
real o inminente para la seguridad pública".
La misma tuvo como principal fundamento instaurar en el territorio provincial lo
que oportunamente el Gobierno de Facto, a nivel nacional, estableció mediante el
dictado de la Ley 20.120.
De ello dan cuenta los fundamentos del Decreto-Ley 7.999/1973, en los cuales
se puede apreciar que textualmente expresan "Se ha adoptado la tesitura de seguir el
texto dictado en el orden nacional, por entenderse que tales disposiciones responden
plenamente a las necesidades locales, especialmente a aquellas que se plantean en el
cinturón conurbano de la Capital Federal, donde, además de hallarse reunida la mayor
parte de la población de esta Provincia, se dan las mismas características que han
impulsado al Superior Gobierno Nacional a sancionar la mencionada Ley 20.120. Un
detenido estudio de la materia lleva a considerar la norma nacional como de perfecta
aplicación en el resto del ámbito provincial. A lo antedicho, se suma el hecho que el
derecho de reunión se halla Honorable Cámara de Diputados provincia de la Buenos
Aires legislado en nuestra esfera en forma dispersa y algunas veces falto de coherencia,
no ajustándose a la realidad social y política actual".
Entre otras disposiciones la norma en cuestión establece el libre acceso de la
autoridad policial a los lugares en los que se realicen reuniones públicas, a fin de
observar el cumplimiento de las disposiciones legales; así como el requisito de
otorgamiento de permiso por la autoridad policial para la realización de reuniones en la
vía pública.
Este decreto-ley sin dudas podemos considerar que cercena derechos
consagrados, inclusive en nuestra Constitución Provincial. Sólo por citar, a modo de
ejemplo y figurativo, el artículo 13 de la misma establece que "La libertad de expresar
pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los
habitantes de la Provincia".
Asimismo, el artículo 14 de nuestra Constitución Provincial dispone que "Queda
asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión pacífica para
tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el
de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para
solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de
agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni
los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito
de sedición".
Decreto-Ley 16.588/1957: DECLARANDO ILEGALES LOS PAROS Y TODA
OTRA MEDIDA DE FUERZA QUE DISPONGA EL PERSONAL EN EL SERVICIO
TELEGRÁFICO DE LA PROVINCIA.
Este decreto-ley, sancionado el 20 de septiembre de 1957, declaraba ilegal todo
paro o medida de fuerza que dispusiera el personal del servicio telegráfico de la
provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que el telégrafo era una de las vías más
utilizada en ese momento para las comunicaciones.
La norma en cuestión tuvo como fundamentos el imponer sanciones al personal
telegráfico de la provincia de Buenos Aires que adhiriera a los paros o adoptara medidas
de fuerza por invocación del mismo servicio a nivel nacional.
Esta fue una época en el que FOETRA, Sindicato de Telecomunicaciones,
estaba en plena huelga a nivel nacional exigiendo mejoras salariales "teniendo en
cuenta el incesante aumento del costo de vida, los bajos salarios percibidos y la
congelación, por el término de un año, de los mismos".
Decreto-Ley 16.591/1957: DECLARANDO ILEGAL TODO PARO O MEDIDA DE
FUERZA QUE DISPONGA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
Esta norma, dictada el 21 de septiembre de 1957, estableció en su artículo 1
"declarar ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la
Administración Provincial sin distinción de situación de revista".
Según los fundamentos se buscaba ir en concordancia con el Decreto-Ley
16.588, sancionado el 20 de septiembre de 1957, mediante el cual se declaraban
ilegales los paros y toda otra medida de fuerza que dispusiera el personal en el servicio
telegráfico de la Provincia.
Las sanciones llegaban hasta la exoneración con el solo informe que al respecto
cursara el jefe de la repartición a la cual correspondiera el agente, constituyendo un
claro ejemplo de avasallamiento de lo establecido por la Constitución.
Decreto-Ley 196/1958: SANCIONES HASTA LA EXONERACIÓN A
EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE HICIEREN POLITICA EN EL
ÁMBITO DE SUS FUNCIONES. (ELECCIONES).
Mediante esta norma, sancionada el 15 de enero de 1958, se estableció que
"Serán pasibles de sanciones hasta la exoneración, el personal de la Administración
Pública, de cualquier jerarquía (funcionarios, empleados y obreros) que hiciere política
en el ámbito de sus funciones (artículo 36, inciso I, Estatuto para el personal de la
Administración Pública), o utilizare las calidades o ventajas derivadas, directa o
indirectamente de estas, con fines de proselitismo partidario o comprometiera en
cualquier forma el decoro y la imparcialidad exigidos para el ejercicio de las funciones
públicas".
A su vez en el artículo 2 se exigía que "en caso de ser candidatos a cargos
electivos de cualquier índole y en cualquier jurisdicción, los funcionarios que ocupen las
categorías de subdirector inclusive y demás escalas superiores, deberán presentar su
renuncia. Los empleados y obreros que se hallaren en idéntica situación, deberán
solicitar y se les acordará la respectiva licencia sin goce de sueldo".
Como se puede apreciar, el carácter simbólico, pero a la vez práctico y
aleccionador de estas normas radica en las distintas cuestiones prescriptas en las
mismas. Puede constatarse que se plantean un objetivo que no es más que eliminar
situaciones que son producto del ejercicio democrático por parte de la ciudadanía
bonaerense, en tanto la vulneración de derechos era una constante para quienes
ejercieron de facto el poder en diversos períodos de nuestra historia.
Siguiendo con la premisa dispuesta al crear la Unidad de Reparación Histórica
Legislativa proponemos la derogación de las normas mencionadas con la finalidad de
contribuir a la consolidación del régimen democrático y la vigencia del estado de derecho
a la luz del principio de Memoria, Verdad y Justicia, además de continuar buscando
cumplir nuestro objetivo principal que es "declarar a la provincia de Buenos Aires libre
de normativas de facto".
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores diputados y a las señoras
diputadas, acompañen con su voto favorable el siguiente proyecto.